Roberto Valencia Salazar, titular de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza, ofreció detalles sobre el avance de las investigaciones en torno a exfuncionarios de la actual administración estatal, señalando que uno de los principales señalados es el exdirector del Instituto de Planeación Nayarita (Iplanay). De acuerdo con Valencia Salazar, existen carpetas de investigación abiertas en el órgano interno de control derivadas de una auditoría realizada por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Sin embargo, la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza ha extendido las indagatorias a ejercicios anteriores, específicamente desde 2020, al detectar patrones de presuntos malos manejos de recursos públicos que podrían abarcar varios años y diferentes modalidades de desvío de fondos.
Durante la comparecencia, el funcionario estatal detalló que el exdirector de Iplanay, quien ya enfrenta un proceso penal, presuntamente transfirió a sus cuentas personales más de 40 millones de pesos a lo largo de distintos periodos. “Estamos sumando más datos en la investigación, ya que el órgano interno de control y la ASEN han encontrado coincidencias en los depósitos realizados en cuentas propias del exfuncionario, lo que refuerza la hipótesis de desvío de recursos”, explicó Valencia Salazar. Además, mencionó que estas acciones no solo han sido detectadas en auditorías recientes, sino que forman parte de un patrón que la Secretaría viene rastreando en diferentes dependencias estatales con el propósito de esclarecer la magnitud de las irregularidades.
El titular de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza también precisó que el monto involucrado en las operaciones irregulares podría ascender a cerca de 49 millones de pesos, cifra que ha sido confirmada tanto por la Auditoría Superior del Estado como por los hallazgos administrativos. “Ya está en la etapa penal, ya fue su audiencia y lo estaremos llevando, además, de manera administrativa”, puntualizó Valencia Salazar, quien subrayó el compromiso del gobierno estatal con la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de la administración pública. La investigación continúa sumando pruebas y testimonios que podrían ampliar la lista de implicados en los presuntos actos de corrupción.
Por su parte, la fiscal general del estado, Ludmila Heredia Verdugo, informó que las investigaciones aún no han concluido y no se descarta la posible participación de más funcionarios públicos en el caso del Iplanay. En un boletín emitido recientemente, la Fiscalía General del Estado de Nayarit comunicó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron una orden de aprehensión contra Pablo “N”, exdirector de Iplanay, por su presunta participación en los delitos de ejercicio indebido de funciones, coalición de servidores públicos, peculado y administración fraudulenta. “Se investiga la posible existencia de una red de complicidades en el interior del instituto, así como en otras dependencias estatales”, señaló la fiscal, quien aseguró que la dependencia a su cargo agotará todas las líneas de investigación necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Las autoridades estatales reiteran que la lucha contra la corrupción es una prioridad en la actual administración y que no se tolerarán actos que atenten contra el patrimonio público y la confianza ciudadana. Las investigaciones en contra de exfuncionarios de Nayarit abarcan irregularidades administrativas y penales detectadas desde el año 2020, y la Fiscalía General del Estado ejecuta las órdenes de aprehensión por delitos de corrupción conforme se consolida la evidencia. El seguimiento de estos casos busca sentar un precedente en la entidad y fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas, con la finalidad de evitar la repetición de conductas ilícitas y garantizar el uso correcto de los recursos estatales en beneficio de la población nayarita.
