Diversas organizaciones ambientales y vecinos de los municipios de Santa María del Oro, Xalisco y Tepic, en Nayarit, presentaron denuncias penales en contra de varias granjas avícolas y porcícolas. Según los documentos entregados ante la Fiscalía General del Estado, las empresas señaladas han vertido residuos y desechos tóxicos en cuerpos de agua cercanos, provocando una grave contaminación que afecta directamente a la salud pública y al ecosistema local. Los denunciantes argumentan que, pese a las advertencias y reportes previos, las autoridades ambientales estatales no han realizado las inspecciones necesarias ni han procedido a sancionar a los responsables de los daños ecológicos.
La contaminación de los cuerpos de agua en los municipios mencionados ha derivado en afectaciones visibles en la calidad del agua, malos olores y la proliferación de enfermedades en la población local. Habitantes de Santa María del Oro, Xalisco y Tepic refieren que desde hace meses han notado la presencia de espuma y coloraciones extrañas en ríos y lagunas, además de la mortandad de peces y fauna silvestre. Especialistas consultados por este medio señalan que los desechos provenientes de las granjas contienen altas concentraciones de nitratos, fósforo y bacterias, lo que representa un peligro para el consumo humano y para la agricultura que depende de estos recursos hídricos.
Las denuncias incluyen fotografías, videos y testimonios de habitantes que aseguran haber solicitado en repetidas ocasiones la intervención de instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin que hasta el momento se haya actuado de manera firme. “No se trata solo de una cuestión ambiental, es un problema de salud pública. Hay niños y adultos mayores con problemas respiratorios y cutáneos, y ninguna autoridad nos da una respuesta clara”, declaró una vecina de la zona de Santa María del Oro. Los afectados también exigieron la clausura temporal de las granjas mientras se realizan los peritajes correspondientes.
Por su parte, la representación legal de las empresas implicadas negó categóricamente los señalamientos y aseguró que sus procesos cumplen con las normas ambientales vigentes. Argumentaron que han realizado inversiones importantes en tratamiento de aguas residuales y que cuentan con permisos actualizados para operar. Sin embargo, activistas y asociaciones civiles replicaron que estas acciones han resultado insuficientes, ya que persisten los indicios de contaminación y los daños a la salud y al entorno natural continúan acumulándose sin que haya sanciones ejemplares ni remediación de los sitios afectados.
El caso ha generado amplia preocupación entre los ciudadanos y ha motivado a organizaciones estatales y nacionales a solicitar una alerta sanitaria en la región, así como la intervención directa del gobierno federal. Los denunciantes insisten en que la falta de regulación efectiva y la omisión de las autoridades han permitido que las empresas continúen operando sin consecuencias, poniendo en riesgo a miles de personas. Se espera que en los próximos días la Fiscalía estatal informe sobre los avances en las investigaciones y determine si procede el inicio de un proceso penal en contra de los responsables de la contaminación en Nayarit.
