Cuatro universidades públicas estatales de México, entre ellas las autónomas de Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Zacatecas, enfrentaron serias dificultades financieras al cierre del año pasado, situación que las obligó a recurrir a préstamos bancarios y adelantos presupuestales para poder cubrir el pago de aguinaldos y otras prestaciones laborales. La falta de liquidez puso en riesgo el cumplimiento de los compromisos con sus trabajadores y generó incertidumbre entre la comunidad universitaria. Además, se alertó que al menos otras ocho instituciones de educación superior podrían enfrentar una reducción presupuestal para este año en comparación con el periodo anterior, lo que agudizaría la crisis en el sistema universitario público.
De acuerdo con la información presentada por Luis González Placencia, presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), la problemática financiera está relacionada con la falta de recursos extraordinarios que en años previos se asignaron a diversas universidades para solventar contingencias y desequilibrios financieros. Sin estos fondos adicionales, muchas instituciones no lograron cubrir sus obligaciones básicas, lo que evidenció la fragilidad de los esquemas de financiamiento actuales. González Placencia subrayó que los problemas presupuestales no sólo afectan la operación cotidiana de las universidades, sino que también comprometen la calidad educativa y el desarrollo de proyectos de investigación y vinculación social.
En el caso específico de la Universidad Autónoma de Nayarit, la institución inició el año con un déficit considerable, resultado de la insuficiencia de recursos para hacer frente a sus compromisos laborales. Autoridades universitarias detallaron que fue necesario solicitar el apoyo del gobierno estatal, así como recurrir a mecanismos de financiamiento emergente, entre ellos préstamos y adelantos de participaciones federales, para poder cumplir con el pago de prestaciones. Esta situación, señalaron, es reflejo de retos estructurales que incluyen la falta de autonomía financiera, el incremento de la matrícula estudiantil y la necesidad de actualizar los modelos de gestión administrativa.
El panorama de las universidades públicas estatales será tema de seguimiento en las próximas semanas, ya que la Anuies ha solicitado reuniones con autoridades federales del sector educativo para analizar a fondo el origen de la problemática y establecer un esquema de diálogo permanente. Se espera que en estos encuentros se pueda revisar la fórmula de distribución de los recursos federales, así como la posibilidad de otorgar apoyos extraordinarios a las instituciones con mayores dificultades. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre la planta docente y administrativa, quienes temen que la falta de recursos derive en retrasos en pagos y afectaciones a las actividades académicas.
La situación financiera de las universidades públicas estatales no sólo impacta a los trabajadores, sino que también pone en riesgo la continuidad de programas académicos y de investigación fundamentales para el desarrollo regional. En estados como Nayarit, Zacatecas y Oaxaca, la universidad representa un motor clave para la movilidad social y el acceso a la educación superior. Por ello, expertos han advertido sobre la necesidad de revisar el modelo de financiamiento de estas instituciones, fortalecer su autonomía y garantizar la suficiencia presupuestal para evitar crisis recurrentes que afecten la estabilidad y el futuro de miles de estudiantes en el país.
